La Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP) aprobó por mayoría las propuestas de modificaciones de las bases y el contrato de venta de los activos de la empresa, que comprende el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza, ratificando de esta manera que el cronograma de la subasta internacional se mantiene inalterable.
De esta manera, el primer sobre, la propuesta técnica, se presentará este viernes 19 de junio y las ofertas económicas se entregarán el próximo 23 de julio.
“Hoy se cumplió un hito muy importante en el proceso de venta de los activos de DRP, la aprobación de las bases y contrato modificados, lo cual cierra un conjunto de consultas, observaciones y formulaciones de los postores al proceso donde los acreedores procuramos atender todos aquellos requerimientos necesarios para que los postores presenten una oferta económica vinculante”, dijo Rosario Patiño Marca, representante del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en la Junta de Acreedores, según consigna la nota publicada por dicha cartera.
La funcionaria agregó que en la reunión hubo un consenso general para llevar adelante este proceso a excepción de una observación hecha por el acreedor vinculado, Doe Run Cayman, a pesar que el MEM insistió en que indique cuáles eran los fundamentos de su observación. “Al final no argumentaron su posición porque no tienen la autorización de su representada”.
“Sin embargo ha votado en favor de los demás cambios con lo cual evidencia que Doe Run Cayman también están en la misma línea de llevar adelante este proceso y contar con el mayor número de postores”, destacó Rosario Patiño.
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo
En otro momento, la asesora Rosario Patiño señaló que el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) así como el Plan de Adecuación ha sido un requerimiento de los postores porque para ellos es importante que esté aprobado.
“Estos dos instrumentos ambientales permitirán la operación misma y el procedimiento por el cual se van a adecuar a los estándares ambientales vigentes en una plazo determinado”, puntualizó Patiño.
“La población está totalmente involucrada e identificada con el proceso de venta de los activos de DRP, quienes exigen al MEM una pronta aprobación del IGAC, sin embargo, es bueno hacerle ver a la población que la autoridad esta justamente para velar por la salud y la vida de los pobladores de La Oroya, y eso solo se va a lograr garantizando a través de un documento que contenga todos los requisitos necesarios para una operación limpia”, expresó la funcionaria.
Finalmente, expresó que el MEM viene velando para que esta operación se lleve a adelante respetando las normas ambientales vigentes. “Es por ello que hemos defendido fuertemente la posición de que esta planta de ácido sulfúrico necesariamente sea una obligación expresa del deudor”, sentenció.
